El Correo Ilustrado-La Jornada
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que habrá “pleno respeto a los derechos y a la estabilidad en el empleo” en la Ley General del Servicio Profesional Docente, pero está mal informado. Los maestros tenían los derechos laborales del artículo 123, apartado B, de la Constitución, ahora los rige una ley administrativa cuya autoridad no admite el diálogo entre las partes, resolverá por sí y ante sí, sin que participen el maestro y el sindicato. Desaparecen los derechos laborales, ahora son administrativos.
El artículo 53 de esa ley, dice que si no se cumplen los requisitos “se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad”. Y los artículos transitorios de la ley hacen la salvedad en un requisito, no en los demás: si el trabajador cuenta con nombramiento definitivo “no será separado”, pero “será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la autoridad”. Y agrega: “o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen”.
No tiene derecho a defenderse como en la ley laboral anterior, ahora queda sujeto a la unilateralidad de la autoridad –que será juez y parte–, sólo tiene derecho a apelar en 10 días, pero no a alterar la determinación.
Tal sistema laboral es de competitividad: se quedarán sólo los mejores, según la autoridad. Es excluyente, como el de los exámenes universitarios, como no alcanza el presupuesto reducen los estudiantes. Se trata de una ley punitiva, para castigar. Contraria al artículo 123 constitucional, el único que puede regir las relaciones de trabajo en la nación.
Por la ANAD, Enrique Larios, María Luisa Campos, Adela Salazar, Estela Ríos, Ernestina Godoy, Manuel Fuentes, Nahir Velasco, Óscar Alzaga y 35 firmas
Fuente: La Jornada
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