domingo, 15 de noviembre de 2015

El gobierno atiza la violencia en Guerrero

El domingo 29 se realizará la elección extraordinaria de Tixtla, después que la de junio se anulara por la quema de varias casillas en protesta por la falta de justicia para los desaparecidos de Ayotzinapa. En un contexto de guerra entre bandas delictivas y cuando la población reclama la protección de las Fuerzas Armadas, policías estatales y federales realizaron un operativo que terminó en salvaje golpiza contra otros normalistas… De nuevo, la violencia atizada desde el Estado.
15 noviembre 2015 | Ezequiel Flores Contreras | Proceso
CHILPANCINGO, GRO. (Apro).- La crisis político-social y la ola de violencia continúan en el estado, a unos días de la elección extraordinaria en la presidencia municipal de Tixtla, que se realizará el próximo domingo 29.

A la conmoción y las reacciones generadas durante más de un año por el ataque y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se sumó la semana pasada la brutal golpiza con que culminó un operativo de agentes federales y estatales para frustrar el secuestro de una pipa cargada de combustible.

Todo ello ocurre en el contexto de la interminable confrontación de las bandas delictivas que se disputan las zonas de producción y trasiego de narcóticos en la Sierra de Guerrero, que provoca el desplazamiento masivo de personas y la formación de grupos de autodefensa, ante la indiferencia y, peor, los presuntos nexos de las autoridades y las Fuerzas Armadas con el narco.

La situación tocó fondo el jueves 12, cuando más de mil personas de los municipios Leonardo Bravo y General Heliodoro Castillo retuvieron a unos 200 soldados, después de que éstos desarmaron y arrestaron a guardias comunitarios que se enfrentaban con una célula criminal liderada por los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano en el poblado de El Naranjo, en el municipio de Castillo.

Los pobladores denunciaron públicamente que los soldados, adscritos a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, se abocaron a neutralizar a los guardias comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en vez de capturar a los delincuentes.

Alrededor de un millar de personas, la mayoría hombres armados de los poblados de Yextla, Izotepec, Jaleaca, Los Morros, Filo de Caballos y El Ranchito, interceptaron a los militares en Carrizal de Bravo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).

Los comisarios de al menos 20 comunidades de la región de la Sierra informaron en un comunicado que, tras horas de tensión, los pobladores liberaron a los 60 comunitarios retenidos y recuperaron las armas que les habían decomisado los elementos del Ejército.

No obstante, los sierreños enfurecieron cuando se enteraron de que, tras la detención de la autodefensa en El Naranjo, la banda de los Villalobos asesinó a 15 policías comunitarios de Ojo de Agua, pueblo considerado la guarida de esa banda, que días antes fue expulsada por la fuerza de Polixtepec, en General Heliodoro Castillo.

La gente acusó al Ejército de actuar en contubernio con la organización delictiva y retuvo a los militares porque se negaron a regresar a Ojo de Agua para verificar la información.

Los soldados fueron liberados la mañana del viernes 13, cuando infantes de Marina arribaron a la Sierra y realizaron un operativo en la zona de influencia de los Villalobos. Sin embargo, los marinos no confirmaron la ejecución masiva de comunitarios y sólo encontraron rastros de la batalla, entre ellos cuatro camionetas incendiadas.

En las inmediaciones de Ojo de Agua se localizó a tres policías comunitarios que se ocultaron en los cerros y habían sido reportados como desaparecidos.

EL ESTALLIDO

La violencia en esta franja de la Sierra se desató el miércoles 4, cuando el comisario de Polixtepec, Joaquín Romero Ríos, y su secretario, Víctor González Luna, fueron ejecutados en una emboscada sobre un camino de terracería que conecta el poblado con la comunidad de Puentecillas y a 500 metros de un destacamento militar.

Dos días después, al menos 100 integrantes del grupo de autodefensa de la UPOEG irrumpieron en Polixtepec y durante varias horas se enfrentaron con la banda de los Villalobos, cuyos líderes son señalados como responsables de los asesinatos del comisario y su asistente.

En el tiroteo murieron tres presuntos delincuentes, quienes viajaban en una camioneta blindada, y seis policías comunitarios resultaron heridos.

Según los comandantes de la UPOEG, consultados por Proceso, la banda de los Villalobos controla esa zona mediante el terror y amenaza a las poblaciones vecinas con asesinar a sus autoridades y habitantes si no se someten.

Los líderes comunitarios indican que los hermanos Villalobos Arellano e Isaac Castillo constituyen el brazo armado del narcotraficante José Carlos Moreno Flores, "La Calentura", quien fue detenido por el Ejército en 2011, en la Ciudad de México, acusado de trabajar con Joaquín "El Chapo" Guzmán y ser el cabecilla del Cártel de Sinaloa en la Sierra y Chilpancingo.

Reportes periodísticos indican que Moreno Flores fue liberado y posteriormente asesinado en Guadalajara, lo que no ha sido confirmado por las autoridades.

En el combate, los comunitarios forzaron a los delincuentes a replegarse hasta los cerros. Cuando controlaron Polixtepec, catearon las casas de los Villalobos, identificables porque son las únicas construidas con materiales de calidad, que tienen pisos de mármol y ostentan acabados finos, en una zona donde predominan las viviendas de madera con techo de cartón.

Los comunitarios encontraron indicios de procesamiento de amapola para elaborar heroína. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guerrero es el estado donde se produce la mayor cantidad de este opiáceo en el país.

Entre tanto, los Villalobos se refugiaron en El Naranjo y Ojo de Agua, donde según los comunitarios existen fosas clandestinas y laboratorios para elaborar heroína blanca, conocida como la china white.

A pesar de las denuncias, el Ejército se limitó a instalar un campamento en Polixtepec y amenazó con arrestar a los comunitarios si seguían avanzando en persecución de los Villalobos. Esto sucedió el jueves 12, cuando la autodefensa de la UPOEG irrumpió en El Naranjo con ese propósito.

Cuatro días antes, los comisarios de alrededor de 20 poblados de los municipios Leonardo Bravo y General Heliodoro Castillo hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles y al Ejército para que atendieran ese lugar, ya convertido en tierra de nadie que se disputan las bandas del narcotráfico.

Como medida de presión, bloquearon la carretera de la región Centro a la Sierra, a la altura del poblado Campo de Aviación. Hasta la fecha siguen ahí. Pero las autoridades no se presentaron y los pobladores tuvieron que convertirse en guardias comunitarios para preservar la justicia en alguna medida.

Bruno Plácido Valerio, líder indígena de la UPOEG —organización que se formó en la región de Costa Chica y se ha extendido a varias comunidades de Acapulco y la región Centro—, señala que a mediados de este año su organización llegó de forma "silenciosa" al menos a 40 comunidades de la Sierra.

VIOLENCIA PREELECTORAL

La mañana del 7 de junio, normalistas de Ayotzinapa y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos quemaron más de 20% de las casillas para la elección de alcalde en Tixtla, lo que implicó la anulación del proceso.

Ahora, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y el Instituto Nacional Electoral preparan los comicios extraordinarios para el domingo 29 en el único de los 81 municipios guerrerenses donde se declaró nulo el proceso normal.

El 29 de septiembre, el pleno del Congreso estatal designó en sigilo un concejo municipal que administra el ayuntamiento. Lo encabezan el priísta Raúl Vega Astudillo, como presidente, y Pedro Bartolo Santos, como síndico.

Vega Astudillo es primo del gobernador Héctor Astudillo Flores y durante varios años ocupó cargos de primer nivel en la Secretaría de Educación estatal, mientras que Bartolo Santos es originario de El Troncón, en Tixtla —donde también opera un grupo de autodefensa—, y forma parte del movimiento social que exige justicia por la desaparición de los 43 normalistas.

Los otros ocho miembros del concejo son militantes del PRD, Convergencia y el Partido del Trabajo, así como integrantes del movimiento popular de Tixtla.

La inclusión en el concejo municipal de activistas y autoridades comunitarias que se opusieron al proceso electoral exhibió una división en el movimiento social, generada por el reparto de prebendas y canonjías que hizo Rogelio Ortega Martínez cuando era gobernador interino.

En tanto que los padres de los 43 y los normalistas de Ayotzinapa decidieron no participar en los comicios extraordinarios, el ala del movimiento social incrustada en el concejo decidió postular a Miguelina Ramos Hernández como candidata por Morena.

La profesora Ramos Hernández es integrante de la Asamblea Popular de Tixtla, formada por organizaciones que exigen justicia por el caso Ayotzinapa.

El PRI y el PRD decidieron postular a los candidatos que participaron en la elección anulada: Saúl Nava Astudillo y Hossein Nabor Guillén, respectivamente.

Fuente: Proceso