25 febrero 2017 | Martín Esparza Flores | Siempre!
En los cercanos tiempos electorales todos los partidos que votaron en el Congreso a favor de la reforma energética, en diciembre de 2013, buscan deslindarse en lo posible del irresponsable papel que desempeñaron sus representantes, quienes en su mayoría ni siquiera se tomaron el tiempo de leer a detalle lo que en su momento hasta aplaudieron. Con esa aprobación a ciegas, el mundo se les viene encima ante la ausencia total de resultados. La “estrella” de las reformas estructurales no ha resultado la esperanzadora salvación del país y que, de acuerdo con las expectativas oficiales, en el último trienio del sexenio ya debería abonar algo del medio de millón de empleos extras que se prometieron. En el reverso de la moneda, el gasolinazo de enero pasado y la liberación gradual del mercado de los combustibles ha disparado la inflación y el descontento social por todo el país.
En su momento advertimos en este espacio de los graves riesgos que traería al país consentir que un grupo de incondicionales legisladores aprobara una reforma de tales proporciones sin acudir a un debate nacional; todavía resulta indignante recordar el papel de vergonzosas comparsas que jugaron los congresos locales, como los de Querétaro y Veracruz, que en sólo diez minutos dieron su aval a las reformas constitucionales.
Rumbo a las próximas elecciones, ¿qué le dirán al electorado los partidos que votaron en pro de la reforma, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado?
No es aventurado suponerlo, pero la mayoría de quienes otorgaron su anuencia ni siquiera analizaron los pormenores de la reforma energética y sus leyes secundarias, ni midieron sus consecuencias. De haberlo hecho estarían enterados de la serie de contradicciones que ahora afloran con el gasolinazo.
Una de ellas el haber mantenido las atribuciones de la Secretaría de Hacienda para establecer los precios máximos de los combustibles con el acuerdo del Ejecutivo; de hecho, esta discrecionalidad es la que permitió aplicar el gasolinazo, adelantando la apertura del libre mercado de los combustibles, programada para 2018, y su ajuste gradual.
Pero si los miembros de la LXII Legislatura consintieron de forma mayoritaria en dar luz verde a la reforma energética sin analizar su contenido, los de la LXIII no se quedan atrás porque sin su consentimiento no se hubiera adelantado un año la liberación de los precios de los combustibles, incluido el del gas doméstico.
En los fundamentos de la reforma, y que todavía aparecen en los portales oficiales, de 2015 a 2019 se mantendrían los precios máximos fijados por Hacienda y el Ejecutivo con “ajustes conforme a la inflación”. Ahora aparece en escena la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para “regular” la liberación en los precios, dejando para el desván del olvido las promesas de bajar los precios no sólo de los combustibles sino de la electricidad, y generar medio millón de empleos. Difícil hacer olvidar al electorado cuáles son los partidos que por votar a la ligera y con base en sus intereses tienen hundido al país; los mismos que insistirán en pedirle nuevamente su apoyo, acaso para darle el tiro de gracia.
