La reforma laboral aprobada el martes 21 es la puntilla de una serie de modificaciones legales que durante los últimos cinco años han derruido los derechos de los trabajadores. La semana pasada, la Cámara de Diputados les dio a los patrones el derecho a decidir qué enfermedades son laborales y cuáles no, lo que significa que decidirán si el trabajador recibe todo su sueldo o sólo 60%
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).-Las reformas en materia laboral que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada son inconstitucionales, abren la puerta a la solicitud de amparos por parte de trabajadores y empresarios, afectan los derechos profesionales y cierran la pinza para privatizar el seguro de riesgos de trabajo. Por si fuera poco, pueden reducir el pago de salario por indemnizaciones.
Especialistas en ciencias de la salud laboral y abogados señalan lo anterior, en tanto que la fracción del PRI y diputados de PAN rechazan que las modificaciones dañen a los empleados. Por el contrario, auguran que se agilizará el pago de indemnizaciones.
Igualmente, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, dice que es falso que el cambio haya vulnerado "derecho alguno de los trabajadores”. Pero revela que lo que aún no se vota en el Senado ya fue negociado y pactado, según se desprende de su comunicado de prensa 813: "(Los cambios) no fueron producto de meses de trabajo sino de años de negociación tripartita, con empresarios y trabajadores.”
El pasado martes 21, los diputados confeccionaron una nueva tabla de enfermedades provocadas por el trabajo, actualizaron el valor en que se tasará cada uno de los órganos del cuerpo humano que lleguen a dañarse en horario laboral y, derivado de lo anterior, definieron la indemnización que procederá en caso de pérdida o afectación permanente.
Pero además: con la reforma, el Poder Legislativo abdicó de su facultad establecida en la Constitución y le otorgó a empresarios y sindicatos charros el derecho de que sean ellos, junto con la STPS, los que vayan modernizando las tablas de enfermedades y valuación.
Ahora, si alguna enfermedad laboral resulta excluida de la nueva tabla será catalogada como "enfermedad general”, por lo que el IMSS le pagará al trabajador sólo 60% de su salario durante el tiempo que dure la baja emanada de la enfermedad, y no 100%, detalla Luis Manuel Pérez Pantoja, maestro en ciencias de la salud de los trabajadores y médico perito tercero en discordia de juicios laborales.
Pero la afectación al bolsillo de los empleados no será lo más grave de la reforma, acusa el especialista Gustavo Leal, sino el hecho de que el Estado deja de tutelar el derecho de los trabajadores a la salud.
REGALAR LA SALUD AJENA
La reforma a los artículos 476, 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) tiene efectos económicos, de salud, laborales, jurídicos y políticos, detallan los entrevistados.
Pérez Pantoja explica que, ante todo, la modificación es un acto de inconstitucionalidad cometido por los legisladores.
Recuerda que el artículo 123 de la Constitución indica, en su fracción 14, que los empresarios son los responsables de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores, por lo que deben pagar las indemnizaciones por muerte o incapacidad temporal o permanente.
Con la reforma de la semana pasada, apunta, los diputados "le obsequian” al Ejecutivo y a los empresarios que sean ellos los que aprueben las tablas de enfermedades laborales y de valuación a través de un organismo llamado Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Coconasst, integrado por patrones y sindicatos "palomeados” por el gobierno).
"¡Esto es como poner a la Secretaría de Salud en manos de (las funerarias) Gayosso!”, expresa.
En la reforma laboral aprobada en noviembre de 2012 se estableció en el ¬artículo 515 de la LFT que el "presidente de la República puede iniciar ante el Poder Legislativo” la adecuación de las tablas.
Ahora, con la reforma de la semana pasada, ese artículo elimina la intervención del Poder Legislativo, y en el artículo 513 se asienta que la adecuación de las tablas la hará el Ejecutivo a través de la STPS y tras "la aprobación previa” de la Coconasst. Por ello, considera el médico perito, la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo, el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) estudian interponer una controversia constitucional.
"De la Coconasst podemos analizar y confrontar su historia. Es negra, se ha dedicado a desregular los derechos en materia de seguridad e higiene de los trabajadores. Ha disminuido entre 30% y 40% las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de seguridad e higiene”, delinea.
REDUCCIÓN DE DERECHOS
Pérez Pantoja detalla: "Cuando se habla de que esta reforma puede bajar el salario no es exactamente que lo disminuya, sino que se corre el riesgo de que una enfermedad laboral no entre en la tabla, y entonces —en lugar de pagársele al trabajador 100% de su sueldo durante su incapacidad— el IMSS le daría sólo 60%, por considerarla ‘enfermedad general’.
El médico perito explica que hay dos tipos de incapacidad: la temporal y la permanente. "Con las reformas, la incapacidad temporal no se toca, se seguirá pagando 100%. El problema son las incapacidades permanentes, que las hay también de dos tipos: la parcial y la total. Y el problema está en que, por ejemplo, si yo pierdo el dedo pulgar en una fábrica, la tabla actual establece que me deben pagar entre 40 y 50% de mi sueldo, pero como esa tabla de valoración ya estará en manos de los patrones, el nuevo listado puede decir que perder el dedo sólo amerita que se me pague entre 10% y 20%.”
El diputado panista Luis F. Mesta expresó mediante un comunicado que es falso que vaya a reducirse 50% el salario de quienes soliciten una incapacidad. Por el contrario, "es un avance en el tema”. Su postura se explica porque el PAN, junto con el PRI, PES, PVEM y Panal, votó a favor de la reforma. En contra votaron PRD, Morena y MC.
El abogado Arturo Alcalde se manifiesta en contra de que sea la Coconasst la que "apruebe” las tablas, pues, arguye, se trata de un asunto de salud, de decisiones que deben ser tomadas por especialistas, y no de votos.
"Se pone en riesgo el ingreso del trabajador por invalidez. Se pone en riesgo la calificación de vida, de una enfermedad profesional, y esto puede generar consecuencias delicadas al trabajador si no se le reconoce que su enfermedad fue a causa del trabajo.”
Alcalde sostiene: ahora "existe la posibilidad de que en la Coconasst tomen una decisión interesada o irresponsable. La experiencia nos dice que cuando las centrales obreras y patronales participan en órganos tripartitas de seguridad social lo ven desde la óptica del negocio”. Ante esto, manifiesta, quienes deben resolver cuáles son enfermedades laborales y su valor son especialistas en la materia. "Es un error entregar esta decisión a un órgano tripartita.”
