Atrapado entre el descontento social y el golpeteo
político-económico de Donald Trump, el gobierno federal pospuso el
gasolinazo del 4 de febrero e incrementó el subsidio a los gasolineros
para hacerles más atractivo el negocio. Así, la administración que
justificó la repentina alza de combustibles con razones financieras optó
por la salida que en sus spots considera irresponsable. Por
coincidencia, el secretario de Hacienda que avaló uno de los mayores
subsidios a la gasolina en el último año del sexenio de Felipe Calderón,
José Antonio Meade, está en el mismo puesto ahora, con el discurso
contrario pero haciendo lo mismo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En contra de su discurso y a pesar de
toda la argumentación técnica y económica que había esgrimido desde el 1
de enero, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto decidió dejar
intactos los precios de la gasolina y el dísel, que estableció en
aquella fecha y que tanto repudio social le generaron.
El gobierno prefirió tomar una decisión política y echar a la basura
todas las “horas-rollo” que invirtió –con particular énfasis lo hicieron
el propio mandatario y su secretario de Hacienda, José Antonio Meade–
en tratar de convencer a una población que nada le cree, de que el
precio de esos combustibles tiene que responder y reflejar el precio
internacional tanto del crudo como el de las gasolinas, así como el
precio del dólar y los costos de refinación, transporte y
almacenamiento; también, el margen comercial de venta y los impuestos
vigentes.
Nada de eso sirvió. Y aunque la evolución reciente de todos esos
factores, según dijo la Secretaría de Hacienda el pasado viernes 3,
daban para aumentar en al menos unos 70 centavos dichos precios, el
gobierno decidió que no habría “gasolinazo” el pasado sábado 4, como lo
establecía el cronograma oficial que la Comisión Reguladora de Energía
emitió el 27 de diciembre último.
Y tampoco habrá el de media semana ni los dos previstos para la siguiente semana y que iniciarían el día 11.
Así, entonces, y hasta el 17 de febrero, la gasolina Magna seguirá
costando en promedio 15.99 pesos el litro –2.01 pesos más, el 14.5%, que
en diciembre–; la Premium se mantendrá en el promedio establecido de
17.79 pesos el litro –2.98 pesos, el 20.1%, más que en diciembre– y el
dísel seguirá en 17.05 pesos el litro, que es un precio superior en 2.42
pesos, el 16.5% más del que tenía al terminar el año pasado.
Y si no se le ocurre otra cosa al gobierno, el próximo viernes 17
deberá dar a conocer los nuevos precios –más altos o más bajos, según
los factores que los determinan– que regirán, pero sólo el sábado 18
porque después de ese día los precios máximos de los combustibles se
modificarán diariamente, de acuerdo con el cronograma de la Comisión
Reguladora de Energía.
Todavía la semana pasada autoridades de los sectores financiero y
energético, y aun el presidente Peña Nieto –además de los farragosos
spots en radio y televisión que aseguran que si las gasolinas están
caras es porque el petróleo y el dólar también lo están–, insistían en
que a partir del día 4 dichos energéticos tendrían un nuevo precio.
Antes, inclusive, el propio secretario de Hacienda, José Antonio
Meade, dejó entrever que ese día, el sábado pasado, aumentarían los
precios, aunque, dijo, “en modo alguno” serían de la misma magnitud que
los decretados el 1 de enero. Y eso, explicó el 26 de enero, porque el
precio del petróleo en el mundo se ha mantenido estable en el último
mes, aunque el tipo de cambio sí se ha movido mucho.
Lo único que quedó claro con la decisión del viernes 3, de no mover
los precios de los combustibles, es que ya estaba ya tomada, y no por
una razón económica –que fue el eje de todo el discurso oficial desde el
27 de diciembre, cuando se conoció el cronograma de precios máximos que
regirían a partir del primer día de enero–, sino por un razonamiento
político.
El gobierno federal, y el presidente Peña Nieto en particular, se
vieron acorralados por la presión popular, las protestas callejeras, el
apabullante rechazo reflejado en las redes sociales, el encono de
empresarios de todos los tamaños y la irritación social casi
generalizada que sobrevinieron apenas entraron en vigor los precios
actuales.
Fue tal el embate público contra el gobierno y el presidente que éste
inventó un “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección
de la Economía Familiar” del que nadie se acuerda y que fue criticado
severamente –porque no lleva a ningún lado ni resuelve para el grueso de
la población los efectos del aumento en las gasolinas– desde el día en
que pomposamente se puso en marcha en la residencia oficial de Los
Pinos, el 17 de enero pasado.
Luego, para su mala suerte, ocurrió que el día 20 de ese mes tomó
posesión el magnate Donald Trump como presidente de Estados Unidos y
desde ese día empezó su embestida insólita contra México, que
sorprendió, indignó e irritó al país todo y terminó por poner contra la
pared al gobierno mexicano y al presidente Peña Nieto, de por sí muy
disminuido en la aceptación pública.
En esas condiciones, y menos aún por la solidaridad manifiesta de la
sociedad contra las acciones y actitudes de Trump hacia el país, el
gobierno se iba a complicar la vida, echándole literalmente más gasolina
al fuego.
Cero aumento
Así que se tomó la decisión política de no aumentar de nuevo los
precios de las gasolinas y el dísel. Pero ni siquiera se guardaron las
formas. Se supone, y así estaba establecido oficialmente, que el viernes
3, una vez que cerraran los mercados financieros y los mercados
internacionales del crudo –para saber cómo habían terminado en el día
los precios del dólar, el petróleo y las gasolinas–, se anunciarían los
nuevos precios.
Pero el gobierno se olvidó de esos factores con los que machacó tanto
para decir por qué estaban caras las gasolinas, y anunció antes de las
ocho de la mañana del viernes, cuando aún no cerraban los mercados, que
no se modificarían los precios ni el día 4 ni el 11 de este mes, como
estaba determinado, sino hasta el sábado 18.
Más aún: tan estaba tomada la decisión que un día antes, el jueves 2,
la Secretaría de Hacienda preparó un decreto firmado por el presidente
Peña Nieto y el secretario Meade que apareció en el Diario Oficial de la
Federación desde las primeras horas del viernes 3, mediante el cual los
gasolineros, los que importan y los que venden, recibirán un estímulo
fiscal adicional al que recibieron los gasolineros de la frontera el 1
de enero con los nuevos precios.
En efecto, según la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS), quienes importen o enajenen gasolina menor a 92
octanos (Magna) deberán de pagar 4.16 pesos por litro por concepto de
ese impuesto.
En el caso de la gasolina igual o mayor a 92 octanos (Premium) esa
cuota es de 3.52 pesos por litro. Para el dísel, de 4.58 pesos por
litro.
La ley del IEPS dice que esas cantidades “se actualizarán anualmente y
entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año”. Sin embargo,
para efectos del incremento de precios del 1 de enero pasado, Hacienda
decidió darle un estímulo fiscal a los gasolineros, es decir, bajarles
el monto de la cuota por concepto del IEPS.
De los 4.16 pesos que la ley determina para cada litro de gasolina
Magna, Hacienda se los bajó a los gasolineros a 3.18 pesos a partir del 1
de enero. Para la Premium, de 3.52 pesos por litro, bajó la cuota a
2.59 pesos por litro. Y para el dísel, de 4.58 pesos, a 3.59 pesos por
litro.
Esos estímulos sólo aplicaron para los importadores y vendedores de
combustibles ubicados en la franja fronteriza. Pero el decreto del
jueves 2, publicado en el Diario Oficial el viernes 3, no sólo aumenta
más el estímulo fiscal, sino que lo generaliza para todos los
gasolineros e importadores de esos combustibles.
En efecto, en las disposiciones de ese decreto, que entraron “en
vigor a las 04:00 horas del día 4 de febrero de 2017 y concluirá su
vigencia a las 03:59:59 horas del día 11 del mismo mes y año” –dice
textual el Diario Oficial–, se advierte la reducción adicional en las
cuotas que deben pagar los empresarios de la gasolina y que forman parte
del precio a los consumidores finales.
Por cada litro de gasolina Magna se pagará en ese periodo una cuota
de 2.57 pesos, que son 1.63 pesos menos de lo que señala la ley. Para la
Premium, la cuota es de 3.48 pesos, 37 centavos menos. Y para el dísel,
es ahora de 3.12 pesos, 1.45 pesos menos de lo que marca la ley.
Se dimensiona mejor el estímulo fiscal para los gasolineros si se
considera el llenado de un tanque de gasolina de un automóvil chico, de
40 litros, por ejemplo. Mientras el usuario paga casi 640 pesos por
llenar su tanque con gasolina Magna, los vendedores, que debían pagar
una cuota de ley, por concepto de IEPS, de 166.40 pesos, ahora sólo
pagan 102.80 pesos; es decir, un descuento o “estímulo fiscal”, 63.60
pesos, el 38.2%, que debe asumir el fisco federal… es decir, los
contribuyentes todos del país.
Si se llena el tanque de 40 litros con gasolina Premium, el
consumidor final pagará 712 pesos. Pero el dueño de la estación de
servicio sólo paga ahora una cuota de 139.32 pesos, que es casi 1.50
pesos menos de lo que marca la ley.
En el caso del dísel, que cada vez se usa más, el consumidor paga 682
pesos por llenar su tanque de 40 litros. La cuota actual para el
gasolinero es de 125.18 pesos, cuando la ley establece que debería pagar
183.20 pesos por vender esos 40 litros. El estímulo es de 50.04 pesos o
31.7%.
En conclusión, mientras el consumidor final seguirá cargando con los
precios del gasolinazo del 1 de enero (en promedio nacional, aumento de
14.5% en la Magna; 20.1% en la Premium, y 16.5% en el dísel), los
importadores y vendedores de gasolinas son beneficiados con un generoso
estímulo fiscal.
Éste sin duda repercutirá en una merma en la recaudación por concepto
del Impuesto sobre Producción y Servicios, como el propio secretario
Meade aseguró a Proceso en una inconclusa entrevista, el 4 de enero
pasado:
“Calculamos que deben ser más o menos entre 40 mil y 45 mil millones
de pesos menos, con cargo a la reducción que desde el gobierno se asume
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”, le dijo al
reportero.
Esa era la reducción estimada en los ingresos, con el estímulo fiscal
a gasolineros de la franja fronteriza, de principios de año, y la
reducción misma de la tasa del IEPS que forma parte del precio final al
consumidor.
Obvio que la pérdida será mayor ahora con un estímulo aún mayor, y generalizado para todos los empresarios de la gasolina.
Dicho estímulo y el mantener los precios de las gasolinas
establecidos el 1 de enero, a final de cuentas son la prueba de que se
trató de una decisión más política que económica la de mantener los
precios sin cambio hasta el 17 de febrero.
En principio, muestra que parte de la lógica que subyace en el
aumento de los precios y la ampliación del estímulo fiscal es el ánimo
de incentivar a los gasolineros, de hacerles más atractiva la inversión
no sólo para importar gasolinas, sino para poner más estaciones de
servicio, para crear las infraestructuras propias del caso –transporte,
almacenamiento, distribución y demás– y, por supuesto, darles la
garantía de un mayor margen de utilidades.
Todo ello, claro, a costa del bolsillo de los consumidores y aun del
propio gobierno, que prefiere recaudar menos con el fin de hacerles más
atractivo el negocio a los gasolineros, a los ya establecidos y a los
nuevos.
Una decisión errónea
La decisión de mantener los precios también contradice la lógica del
discurso oficial. Y lleva a cometer los mismos errores que ahora el
gobierno critica de sexenios anteriores, que subsidiaban la gasolina.
No mover los precios el día 4, ni el 8 ni el 11 ni el 15 de febrero
–en las dos primeras semanas completas de este mes se modificarían los
precios en dos ocasiones cada una, según el cronograma oficial–
significaría, siguiendo la lógica del discurso gubernamental, que las
autoridades tienen una bola de cristal y ya saben cómo van a estar en
esas fechas los precios internacionales del petróleo y las gasolinas, el
nivel del tipo de cambio y los costos de logística para los
gasolineros.
La realidad es que el gobierno se olvidó de la lógica del mercado que
permeaba en su discurso en favor del alza a las gasolinas. Y pasó a
hacer lo que siempre hicieron los gobiernos anteriores y el actual en su
primera mitad, en mayor o menor medida, que fue administrar y subsidiar
los precios reales de la gasolina.
En la entrevista con Proceso, Meade aseguró algo que hoy se contradice con la decisión tomada el viernes 3:
“El gobierno no puede influir sobre el costo del petróleo, no puede
influir sobre el costo de la molécula (el crudo). Y frente a un
incremento muy importante del costo de la molécula, lo que hizo fue
reducir su impuesto (el IEPS) para aminorar el impacto. ¿Hasta cuánto
puede reducir el impuesto? Sus capacidades están acotadas porque ha
cambiado la circunstancia del país: por ejemplo, durante la anterior
administración la plataforma promedio de producción petrolera era más o
menos 2.7 millones de barriles de petróleo; este año va a ser apenas
superior del millón 900 mil. Por tanto, hay menos capacidad de generar
excedentes.
“Además, la mezcla mexicana en el presupuesto (en el sexenio
anterior) era de 42 dólares, un poco superior a lo que estamos viendo
hoy, pero en el pasado, en donde se generaron esos recursos excedentes,
tú tenías excedentes del precio del petróleo sobre el precio del
presupuesto de unos 35 dólares y una plataforma que era superior en casi
700 mil barriles diarios a la de ahora, por lo que tus grados de
libertad eran mayores.
“Yo, aun así, creo que no debieron de haberse utilizado (esos
excedentes) para mantener el precio artificialmente bajo, pero tenías
los recursos para hacerlo, y ahora estructuralmente no los tienes.”
Y, sin embargo, lo hicieron.
Y, vueltas que da la vida: fue el propio Meade quien en 2012, último
año de la administración del panista Felipe Calderón –él mismo como
secretario de Hacienda, por primera vez–, avaló un subsidio a las
gasolinas de más de 203 mil millones de pesos, cantidad similar a la que
ahora dicen el presidente y él mismo que hubiera costado si no se
aplica el gasolinazo del 1 de enero.
Fue el segundo mayor subsidio en la historia. El primero fue de 217
mil 609 millones, en 2008, también en el gobierno de Calderón –Meade
como subsecretario de Ingresos de la SHCP, que encabezaba Agustín
Carstens–, pero que en parte se justificó por los efectos de la
megacrisis financiera internacional que hizo desplomarse en forma
dramática la economía nacional al año siguiente.