domingo, 23 de abril de 2017

El sueño anticorrupción se petrifica en el Senado

Mientras la corrupción desmesurada sigue carcomiendo la vida nacional hasta su médula, las distintas fuerzas políticas actuantes en el Senado de la República no atinan a aterrizar lo relativo al nombramiento del fiscal anticorrupción y otras reformas en la materia. Por tal motivo, era previsible lo que ya ocurrió: el aplazamiento del asunto para un periodo extraordinario de sesiones. La disyuntiva es: o un fiscal independiente con atribuciones amplias o uno que sirva de tapadera a más actos de corrupción del poder público.
23 abril 2017 | Jenaro Villamil | Proceso
Coincidente con una serie de escándalos de corrupción de funcionarios estatales y federales mexicanos que se ventilan en tribunales extranjeros y ninguno en los mexicanos (Tomás Yarrington, en Italia; Javier Duarte, en Guatemala; Emilio Lozoya y Odebrecht, en Brasil, y el fiscal nayarita Edgar Veytia en Nueva York), el Senado de la República decidió posponer para un periodo extraordinario la elección del nuevo fiscal anticorrupción que viene discutiendo desde octubre de 2016 y la reforma al artículo 102 constitucional para eliminar el transitorio que le permite al actual procurador general de la República tener “pase automático” como fiscal general por 9 años.

Así lo admitió el 20 de abril el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero Morales quien señaló que en un periodo extraordinario se analizarían la elección del fiscal anticorrupción, la modificación constitucional al artículo 102 y una nueva Ley Orgánica de la PGR.

“Yo creo que nos da tiempo perfectamente bien en ocho días o en nueve días tratar estos tres temas y que nos vayamos con un tema de procuración de justicia que es importantísimo para este país”, afirmó Escudero, senador de Partido Verde, en conferencia de prensa.

El coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, desde el 26 de marzo insistió que la bancada mayoritaria “no condiciona ni pretende cambiar” la ruta y el calendario para la elección del fiscal anticorrupción, en un claro mensaje a la oposición del PAN y del PRD.

“Respetar la ley y la ruta trazada para concluir la elección del titular de la fiscalía anticorrupción es una obligación del Senado, por lo que no debemos dilatar más este proceso” y además, “es prioritario para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”, reiteró Gamboa Patrón.

De acuerdo con los testimonios y la información recabados por Proceso en el Senado de la República, el “atorón” para elegir al fiscal anticorrupción se gestó por las diferencias entre las bancadas del PRI y del PAN para que primero se reformara el artículo 102 constitucional relacionado con el fiscal general, pero también por las presiones surgidas desde la Conserjería Jurídica de Los Pinos, encabezadas por Humberto Castillejos para que la PGR se adelantara al Senado ante la imposibilidad de tener un nuevo fiscal anticorrupción.

Esto generó otro “encontronazo” entre las bancadas del PRI y de la oposición cuando la Procuraduría General de la República dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se crea una fiscalía anticorrupción y describe sus funciones.

Este acuerdo prácticamente limita las funciones más amplias de un fiscal que debería ser autónomo, según argumentaron legisladores del PAN, del PRD y del PT Morena.

Por ejemplo, la fiscalía sólo investigará y perseguirá delitos relacionados con hechos de corrupción, “con excepción de los cometido por servidores públicos de la Procuraduría General de la República, supuesto en el cual se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica” de la PGR.

Según el documento, el fiscal contará “con el personal sustantivo especializado, directivo, administrativo y auxiliar capacitado para el debido cumplimiento de sus funciones” y podrá “disponer de los recursos humanos, materiales y financieros para el debido ejercicio de sus funciones”, pero no contará con un propio equipo de agentes ministeriales ni con sus propios peritos, ya que se “auxiliará” de la Coordinación General de Servicios Periciales.

Además de este bajo perfil del fiscal anticorrupción descrito en el acuerdo de la PGR, el Ejecutivo federal aún no ha enviado al Senado de la República la lista de los 18 magistrados de la sala superior y regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, incluyendo a los tres nuevos magistrados de la sala superior que serán los responsables de juzgar los temas de responsabilidades administrativas en los casos de corrupción.

El ex coordinador de la bancada perredista y actual integrante del Bloque Parlamentario Independiente, Miguel Barbosa, hizo un llamado al Ejecutivo federal para que envíe las propuestas de magistrados y no se haga vía fast track el último día del periodo ordinario (30 de abril) y esté conformada por “amigos e incondicionales”.

Para Barbosa, quien encabeza once de los senadores que se salieron de la bancada del PRD, es necesario que se realice “una reforma constitucional, una nueva propuesta de ley de la Fiscalía General de la República, pero si no hay nombramiento del fiscal anticorrupción el Senado quedará en falta porque el 19 de julio es la fecha límite para que el Sistema Nacional Anticorrupción quede totalmente integrado, y uno de sus elementos fundamentales es este fiscal”.

La actual coordinadora del PRD, Dolores Padierna, advirtió que el problema fundamental es el “diseño institucional” del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y del fiscal ya que “al integrar figuras de este tipo en una instancia de persecución criminal lo desnaturaliza y lo abre a injerencias de orden político o de otro tipo distinto al de la mera investigación de conductas ilícitas.

“El perfil de la persona que encabece la fiscalía anticorrupción tiene que estar a prueba de cualquier interrogante, de cualquier cuestionamiento y, sobre todo, de cualquier filiación o vinculación con grupos de poder o grupos ligados a los partidos políticos pues esto deslegitima su acción”, afirmó Padierna, al ser consultada por Proceso.

Padierna y la senadora Angélica de la Peña presentaron el 18 de abril una iniciativa proveniente de grupos de la sociedad civil que plantean reformar el 102 constitucional porque “de aprobar una fiscalía anticorrupción en las condiciones actuales, sería un fiscal sin dientes, formaría parte de una dependencia de la PGR, y sería casi un encargado de despacho por un año y siete meses que duraría esta fiscalía”.

-¿No ve condiciones para que este nombramiento se dé antes del 30 de abril?

-No, no veo condiciones ni siquiera ánimo en otros partidos políticos ni el tiempo suficiente. Debemos ir a fondo en el tema de anticorrupción, no contentarnos con la iniciativa de reforma presidencial que sólo evita o elimina la cláusula del pase automático para el procurador general. Eso es bueno, pero es insuficiente. Hay que ir a una reforma profunda del artículo 102 constitucional.

El PAN también ha presentado otra iniciativa de reforma al artículo 102 constitucional, encabezada por el senador Roberto Gil Zuarth, y existe un predictamen en las comisiones dictaminadoras para reformar el décimo sexto transitorio del artículo 102 constitucional que cancela la posibilidad de que el actual procurador general Raúl Cervantes Andrade tenga “pase automático” a ser Fiscal General, pero no se incorporan otros candados propuestos por PAN y PRD para garantizar la autonomía del fiscal.