El jefe de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe, calculó que el daño causado al erario y a los inversionistas por esta práctica de colusión podría ser del orden de los 100 mil millones de pesos diarios.
En menos de un mes la Cofece, que encabeza Alejandra Palacios, tomó dos decisiones que han cimbrado al mundo financiero y bursátil mexicano.
14 mayo 2017 | Jenaro Villamil | Proceso
CIUDAD DE MEXICO (Apro).- En menos de un mes la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), encabezada por Alejandra Palacios Prieto, tomó dos decisiones que han cimbrado al mundo financiero y bursátil mexicano, pero también a la cúpula hacendaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente al equipo formado por el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
La primera decisión fue el anuncio, el pasado 19 de abril, de una investigación sin precedente para analizar la posible colusión entre grupos financieros, casas de bolsa, administradoras de fondos de retiro (afores) y organismos reguladores durante los últimos 10 años para beneficiarse del manejo y servicio del mercado de valores gubernamentales, calculado en 6.2 billones de pesos, en perjuicio de la hacienda pública.
En un comunicado, el jefe de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe, calculó que el daño causado al erario y a los inversionistas por esta práctica de colusión podría ser del orden de "los 100 mil millones de pesos diarios”.
Para el profesor Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de economía y finanzas del Tecnológico de Monterrey, "no estamos ante un asunto menor sino ante un posible daño patrimonial enorme” que "involucraría, básicamente, a los seis mayores bancos que habrían actuado como un cártel para fijar tasas de interés, y eso provocó que el gobierno mexicano haya tenido que pagar más”.
La segunda decisión importante de la Cofece se dio a conocer el pasado jueves 4 y fue la sanción histórica, de mil 100 millones de pesos, a cuatro grandes afores privadas (Profuturo, Sura, Afore XXI Banorte y Principal), así como a 11 personas físicas acusadas de realizar "prácticas monopólicas absolutas” que afectaron la competencia y la rentabilidad de los fondos de ahorro para el retiro de 31 millones de mexicanos.
La Cofece aclara a Proceso que se trata de mercados diferentes y de investigaciones con ritmos y ciclos distintos, pero en ambas se presumen "prácticas monopólicas absolutas”.
De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, esas prácticas consisten en "aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores”.
La Cofece desestimó la acusación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de que se "extralimitó” e invadió facultades en su resolución.
"La Cofece está aplicando sus facultades (artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica) y el mandato constitucional (artículo 28) para la cual fue creada. Está investigando una posible práctica monopólica absoluta en el mercado en cuestión, como lo haríamos en cualquier otro donde se tengan indicios de una probable colusión”, señala, vía correo electrónico, la comisionada presidenta Palacios.
Sobre el caso de la investigación del mercado de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano, Palacios aclara que "se encuentra en curso” y "es muy importante aclarar que durante la indagatoria no se prejuzga. Dada la naturaleza de reserva que impone la ley a los expedientes en proceso, no hay nada más que podamos comentar”.
Vía telefónica, Tenorio Aguilar afirma que esta investigación sería una "práctica espejo” de la realizada en Gran Bretaña hace poco más de dos años, cuando se determinó que la autoridad financiera de Londres y las instituciones bancarias se coludieron para fijar la tasa LIBOR.
POSIBLE QUEBRANTO MULTIMILLONARIO
El pasado 19 de abril la Autoridad Investigadora de la Cofece publicó en el Diario Oficial de la Federación que iniciaba una investigación de oficio "por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano”.
Mena Labarthe explicó ese día que "de existir acuerdos que afecten la intermediación de valores gubernamentales, el daño al erario público y a los inversionistas podría ser grave, considerando que cada año el gobierno coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado y que el volumen de valores gubernamentales comercializados pueden llegar a ser de aproximadamente 100 mil millones de pesos diarios”.
La investigación abarcará todos los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal, los estados y municipios, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la banca de desarrollo y empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad.
Hasta el momento "no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica ni en los sujetos, en caso de ser considerados probables responsables al término de la investigación”, aclaró Mena.
Extraoficialmente se calcula que la investigación puede tardar dos años y medio, si se cuenta a partir del 28 de octubre de 2016, cuando se inició formalmente la investigación, y considerando que a partir del pasado 19 de abril la Cofece tiene un plazo de 120 días hábiles —que puede ser prorrogado hasta cuatro veces— para entregar resultados.
Las autoridades bancarias y financieras mexicanas guardan silencio. De manera escueta, la Secretaría de Hacienda comentó que "no es parte de la investigación”, pero "se mantiene atenta para cooperar en ella”.
Para Tenorio Aguilar, el principal afectado con las presuntas prácticas monopólicas absolutas sería el propio Banco de México, porque "en cada subasta de títulos gubernamentales tiene el mandato técnico de democratizar el acceso de esos títulos en el mercado y evitar que una se concentre en una sola institución bancaria. Debe revisar que haya varios postulantes.
"La sospecha de la Cofece es que existe colusión de ciertos agentes financieros que hayan fijado posiciones coordinadas”, agrega el profesor del campus Santa Fe de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
Tenorio advierte que, así como la Cofece realizó una revisión de los correos y las comunicaciones electrónicos entre los directivos de las afores, puede hacer lo mismo en el caso de los grandes bancos.
"La Cofece tiene atribuciones para pedir este acceso. No estaría violando la privacidad. De comprobarse que sí se pusieron de acuerdo y actuaron como cártel, no se la van a acabar”, subraya.
EN CORTO
–¿De existir esta colusión, esto explicaría también por qué el alto costo del servicio de la deuda pública?
–Aquí tiene que cuantificarse el daño patrimonial. La autoridad tiene que investigar a los seis bancos más grandes del país y determinar si no se pusieron de acuerdo para que las tasas de interés no hayan sido más bajas.
–¿Esta investigación no es responsabilidad de la CNBV?
–Tiene facultades de auditoría permanentes, pero, en honor a la verdad, la CNBV no tiene suficientes brazos para investigar a esos agentes.
–¿A qué atribuye usted que la Cofece haya decidido realizar una investigación de este tamaño? ¿Existe una disputa política entre el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y su sucesor, José Antonio Meade?
–No creo que el factor sea político. Se lo atribuyo a la propia autonomía de la Cofece. Los comisionados pasaron por un proceso de selección, de autonomía, sin precedente. El Banco de México y el Inegi (instancias convocadas por el Senado), me consta, realizaron un buen trabajo de selección de esos comisionados.
"No es una confianza a ciegas, pero creo que este tipo de investigaciones pueden augurar un nivel de autonomía mayor. Recordemos que hace tres años la Cofece presentó un estudio sobre las prácticas monopólicas y dominantes de los bancos en México. El objetivo era que el Poder Legislativo lo estudiara para legislar en este terreno.”
