Vidulfo Rosales Sierra*
Nadie puede negar
que los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre son graves
violaciones a los derechos humanos. El concepto lo han establecido
distintos mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Es cierto,
no existe una definición como tal, pero sí han caracterizado ciertas
prácticas como el genocidio, las ejecuciones sumarias, la desaparición
forzada, la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes (Theo
Van Boven, relator de Naciones Unidas sobre el Derecho de Reparación de
las Víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, informe del 2
de julio de 1993). De igual forma concluyen que las graves violaciones a
los derechos humanos serían aquellas que implican un incumplimiento de
obligaciones emanadas de normas de ius cogens en el ámbito de los derechos humanos. Las normas de ius cogens
son aquellas que interesan a todos los estados. Intransgredibles. Su
incumplimiento acarrea consecuencias jurídicas agravadas en el ámbito de
responsabilidad internacional. Su contenido incluye valoraciones
comunes a todos los sistemas jurídicos del mundo, una especie de
conciencia jurídica universal.
Pese a la gravedad de estos crímenes cometidos, al Estado mexicano
parece no preocuparle el esclarecimiento y la sanción a los
responsables, por el contrario, a menudo el Presidente de la República
ha hecho llamamientos públicos de superarlos y doblar la hoja para pasar
a otras agendas y temas. Sin embargo, un sistema democrático no puede
avanzar si las graves violaciones a los derechos humanos no se
investigan cabalmente y los responsables son sancionados. Lejos de
avanzar en el esclarecimiento, no muestra interés por dilucidarlos, por
el contrario, evidencia suma lentitud, como si deliberadamente estancara
las pesquisas.
Un ejemplo de ello son los nulos avances que presenta la Procuraduría
General de la República (PGR) en las nuevas líneas de investigación. En
el mes de junio de este año, en presencia del mecanismo especial de
seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
presentó un cronograma de trabajo para las investigaciones. Sería un
instrumento tangible mediante el cual evaluaríamos conjuntamente los
avances en las pesquisas. Pero la PGR fue más allá para sorprender a la
CIDH, allí en la mesa, ante la mirada de las madres y padres de los 43,
explicó que el cronograma tenía 11 temas o líneas de investigación a
dilucidarlos de junio a octubre.
En las recientes reuniones los avances que han presentado son
magros, ni siquiera la consignación y detención de los policías de
Huitzuco –que de acuerdo al citado cronograma en el mes de junio se
resolvería– se ha logrado. De los policías federales y elementos del
Ejército Mexicano ni qué decir. El mismo estancamiento presenta la línea
denominada responsabilidad de las autoridades estatales, pues el PRD en
Guerrero ,con bombo y platillo, anunció que Ángel Aguirre será
postulado como candidato a diputado federal en la Costa Chica.
Gobiernos y clase política se prepararan para la fiesta electoral, se
olvidan de los graves problemas que vive el país, particularmente la
desaparición de los 43 y miles más. En ese afán de hacerse del poder
para enriquecerse no importan los perfiles de los candidatos. Ex
gobernadores cuestionados como Ángel Aguirre son buenos prospectos para
seguir llenando las instituciones de criminales de cuello blanco.
El grupo gobernante mira el caso de Ayotzinapa desde la lente
electoral, a mayor esclarecimiento, mayor evidencia de corrupción de las
instituciones y mayores costos políticos para ellos en 2018, por tanto,
lo más conveniente es mantener la investigación como está.
Por todo este muro de impunidad construido por el Estado mexicano,
hoy los padres de los 43 están llevando a cabo la jornada de lucha
denominada Rompe el Muro de la Impunidad con un plantón permanente
frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y actividades de
protesta y culturales diarias para elevar la voz y exigir verdad y
justicia para los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Ante crímenes de carácter internacional que lesionan a la humanidad
surge el deber ineludible de este gobierno de investigar y sancionar a
los responsables, no se puede colocar este imperativo de verdad y
justicia por debajo de los intereses electorales de grupos políticos y
de poder.
*Abogado de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa