jueves, 7 de diciembre de 2017

Ley de Seguridad Interior, ante la sordera legislativa, el repudio generalizado

3 diciembre 2017 | Gloria Leticia Díaz | Proceso
A los cuestionamientos de numerosas ONG nacionales e instancias internacionales se suman los de activistas proderechos humanos y familiares de desaparecidos por la decisión de los diputados de aprobar la Ley de Seguridad Interior, que da más poder al Ejecutivo federal y a las Fuerzas Armadas. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, anunció que si el Senado ratifica esa oprobiosa ley, podría ejercer sus facultades para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- La aprobación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) el pasado 30 de noviembre con los votos de los diputados del PRI y sus aliados en San Lázaro echó por la borda los informes de organizaciones nacionales e internacionales, así como las llamadas de alerta y recomendaciones de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la fallida estrategia de militarizar la seguridad pública en los últimos 10 años en México.

De nada valieron las múltiples advertencias, pues esa ley –que da amplias facultades al presidente de la República para mantener de forma indefinida a miembros de las Fuerzas Armadas en las calles– impulsada por el priista César Camacho Quiroz fue avalada por 248 votos.

"Los diputados decidieron no escucharnos, por más que se les quiso decir que esto va a acarrear más violencia y más violaciones a derechos humanos”, lamenta Yolanda Morán, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem).

Y añade: "Ellos (los priistas y sus comparsas) se justificaban diciendo que ya se la debían a las Fuerzas Armadas. Si así, sin la ley en la mano, hacían lo que hacían las tropas, con mayor razón, creemos, se va a incrementar la violencia”.

Madre de Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecido en 2008, doña Yolanda reitera: "Los diputados no tomaron en cuenta lo que han sufrido las familias por parte de los militares. Su decisión nos hace sentir amenazadas”.

Desaparecido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fernández Morán es un ejemplo de lo que puede hacer el personal castrense cuando tiene el control de la seguridad pública, pues muchos soldados no son ajenos a la corrupción.

Fernández Morán fue secuestrado el 19 de diciembre de 2008 por efectivos de la XI Región Militar, con sede en Torreón, Coahuila. Y si bien fueron detenidos cinco militares, entre ellos el teniente Ubaldo Gómez Fuentes, todos fueron asesinados dentro del penal de Torreón; cuatro en 2009 y uno al año siguiente. Otro elemento identificado como Miguel Ángel Lara sigue prófugo.

"Creemos que hay más militares involucrados –sostiene doña Yolanda–. (A los cinco) los mataron para que no abrieran la boca… Y es que no sólo fue mi hijo; también habían secuestrado a un empresario de Nuevo León, al que mataron y calcinaron. Se supo también que los militares secuestraban al menos a una persona al mes.”

Durante el sexenio de Felipe Calderón ella y otros familiares de desaparecidos pidieron ayuda al entonces procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez García, para buscar a más soldados involucrados.

"Él nos dijo que quienes se habían llevado a mi hijo eran sólo los identificados y que secuestraban en su tiempo libre. Ahora que cuentan con la Ley de Seguridad Interior, ¡imagínese qué no van a poder hacer los militares en las calles!

"Por eso vamos a seguir insistiendo, ahora a los senadores, que escuchen a las familias que hemos sido víctimas de esta estrategia fallida”, puntualiza doña Yolanda, firme impulsora de la Ley General sobre Desaparición Forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda, así como de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra.

EL INFORME DEL CENTRO PRODH

El pasado 27 de noviembre, al alertar sobre el "albazo legislativo”, organizaciones civiles ofrecieron datos duros sobre lo que ha significado en materia de derechos humanos la militarización de la seguridad pública en los últimos 10 años.

De acuerdo con la información recabada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, de las 82 mil 745 quejas recibidas por el ómbudsman nacional, 23 mil 347 corresponden a las autoridades encargadas de seguridad pública (Sedena, Semar, Policía Federal y PGR), y de ellas en 10 mil 404 se señala a la Sedena como autoridad responsable.

En materia de tortura y/o malos tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el mismo periodo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene un registro de 4 mil 483 denuncias en las que se señala a la Sedena como responsable, y a la Semar con mil 32.

En el informe "Perpetuar el fallido modelo de seguridad. La Ley de Seguridad Interior y el legado de una década de política de seguridad en México contraria a los derechos humanos”, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) destaca que, en materia de recomendaciones, la CNDH ha emitido 140 contra Sedena y Semar, 109 y 31 respectivamente; de ese total, 87 corresponden a tortura, 41 a ejecuciones extrajudiciales, seis a desapariciones forzadas y otras tantas al uso ilegal de la fuerza.

El extenso documento advierte que diversos mecanismos de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como en sentencias del tribunal regional contra México han formulado al menos 16 recomendaciones para retirar paulatinamente a las Fuerzas Armadas de las funciones de seguridad pública, robustecer las policías estatales y municipales, y castigar efectivamente los abusos castrenses.

La CMDPDH y el Centro Prodh tienen amplia experiencia en el litigio ante la CIDH y la ONU de casos de violaciones a derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante la llamada "guerra sucia” de la década de los setenta, así como en la "guerra contra el crimen organizado” iniciada durante la gestión de Calderón.

Los primeros días de noviembre, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) difundió su informe "Justicia olvidada: la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, que demuestra la impunidad de las tropas de la Sedena que han cometido atrocidades en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con datos obtenidos mediante solicitudes de información, el reporte registra que entre 2012 y 2016, la PGR integró 505 carpetas de investigación contra miembros de la Sedena y la Semar por diversos abusos, pero en el mismo periodo el Poder Judicial sólo ha emitido 16 sentencias condenatorias.

Del total de indagatorias abiertas, 268 corresponden a tortura, 121 a abuso de autoridad, 37 a desaparición forzada, 31 a violencia sexual, 17 a homicidios, 13 a lesiones, nueve a delitos contra la administración de justicia, tres a extorsión, tres a privación ilegal de la libertad, dos a robo y una investigación por allanamiento de morada.

Las evidencias muestran que los 10 años del incremento de la violencia a partir de la militarización ha tocado de manera particular a los más indefensos de este país, a 32% de la población nacional que corresponde a personas de cero a 17 años.