17 diciembre 2017 | Jorge Carrasco Araizaga y Patricia Dávila | Proceso
A partir del sexenio de Felipe Calderón, y aún sin que hubiera una Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas empezaron a hacerse cargo de la seguridad pública en muchos estados y municipios. Y avanzaron paulatinamente. A la fecha, más de 20 entidades federativas –incluyendo las que se consideran más peligrosas– dejan las labores policiacas en manos del Ejército y la Marina. Y el resultado ha sido el incremento de la violencia y el crimen en las zonas bajo control del Mando Único Policial, eufemismo para designar el control castrense de las tareas de seguridad.
CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- A partir del sexenio de Felipe Calderón, y aún sin que hubiera una Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas empezaron a hacerse cargo de la seguridad pública en muchos estados y municipios. Y avanzaron paulatinamente.
A la fecha, más de 20 entidades federativas –incluyendo las que se consideran más peligrosas– dejan las labores policiacas en manos del Ejército y la Marina. Y el resultado ha sido el incremento de la violencia y el crimen en las zonas bajo control del Mando Único Policial, eufemismo para designar el control castrense de las tareas de seguridad.
El debate en torno a la impugnada Ley de Seguridad Interior dejó ver lo que ya es una realidad: que los soldados y marinos tienen el control de la seguridad pública en casi todo el país. Lo que no se ha dicho en las discusiones es que el tan anhelado Mando Único Policial (MUP) existe también de facto y está en manos, asimismo, de militares.
Aprobada la Ley de Seguridad Interior en contra de la opinión de numerosas organizaciones, académicos nacionales y organismos internacionales, lo que sigue es la legalización del MUP, que se ha impuesto, por la vía de los hechos, sin las necesarias reformas a la Constitución.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en mil 773 municipios de los 2 mil 469 existentes en el país, ya se aceptó la implementación del MUP.
Ello significa que 82% de la población ya vive en municipios con este esquema de seguridad, encabezado en su mayor parte por mandos del Ejército y la Marina, vestidos de civil, desplegados en entidades donde la violencia no cede, como Colima, Guanajuato, Guerrero y Veracruz, según el propio SESNSP.
MORELOS
El MUP fue impugnado a principios de 2017 por el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, pero los ministros de la Corte aún tienen pendiente su resolución sobre el caso.
En general, el modelo ha resultado también un fiasco en los estados donde se ha puesto en marcha: la violencia aumentó y la estrategia generó incluso conflictos políticos ante la oposición de algunos alcaldes. Al final, éstos se vieron obligados a ceder ante presiones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, según denuncias del propio Blanco y presidentes municipales de Michoacán, quienes confirmaron que las autoridades federales amenazaron con retenerles las participaciones federales si no se plegaban.
En el gobierno de Peña Nieto, la primera entidad donde entró en operación el modelo fue precisamente Morelos, cuyo gobernador, Graco Ramírez, dejó en claro que la tarea de seguridad la asumiría el estado en coordinación con el Ejército y la Marina.
En febrero de 2013 el gobernador y los 33 presidentes municipales de Morelos firmaron un convenio para que el MUP entrara en vigor de manera parcial, bajo la dirección de la Secretaría de Seguridad Estatal.
Un año después, en febrero de 2014, Graco Ramírez envió una iniciativa al Congreso de Morelos para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y crear la Comisión Estatal de Seguridad, a cargo de un solo comisionado.
"Se acabó. Morelos no será trasiego ni territorio de delincuentes”, alardeó en aquella ocasión. Casi cuatro años después, la violencia en el estado no cede.
AGUASCALIENTES
En Aguascalientes el MUP tenía dos aspectos a su favor para que funcionara adecuadamente: todos los alcaldes estuvieron de acuerdo en ponerlo en práctica y, contrariamente a otras entidades, el estado mostraba una incidencia delictiva baja.
Sin embargo, según el SESNSP, la tasa delincuencial creció en esa entidad, donde desde 2006 la seguridad pública pasó a manos de militares. El actual secretario del ramo, el general retirado Sergio Alberto Martínez Castuera, es el responsable del MUP.
Pese a su experiencia como comandante de la Undécima Zona Militar, en Zacatecas, como coordinador de la Operación Laguna (en Durango y Coahuila) y comandante de Adiestramiento de Fuerzas Especiales del Ejército, Castuera controla la seguridad en un estado donde hasta octubre de este año se registraron 70 homicidios dolosos, en comparación con los 23 reportados en 2006. Otros delitos, como secuestro, extorsión, violación y robo también se incrementaron.
El 27 de noviembre de 2014, presionado por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Peña Nieto anunció que Guerrero, Jalisco Michoacán y Tamaulipas serían los primeros estados donde desaparecerían formalmente las corporaciones locales. Desde entonces, 28 entidades han aceptado el MUP bajo la lógica de que los policías municipales son "incapaces” y "corruptos”.
VERACRUZ
Ese mismo año se creó la Fuerza Civil Veracruz, durante el gobierno del priista Javier Duarte, ahora preso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su sucesor, el panista Miguel Ángel Yunes, mantuvo esa estrategia, que ha estado desde el principio bajo la responsabilidad de la Marina. El director general de la Fuerza Civil es el capitán de fragata infante de marina Carlos García Cruz. El subdirector de Operaciones es el capitán de fragata Narciso Peña Cortés, también de la Infantería de la Armada.
Antes de la Fuerza Civil, el entonces gobernador Duarte anunció el inicio de las operaciones del MUP en cinco municipios del sur de Veracruz; oficializó así la extinción de la Policía Intermunicipal Coatzacoalcos- Nanchital-Cosoleacaque-Minatitlán y de la policía municipal de Acayucan. Desde ese día la Policía Naval se hizo cargo de la seguridad preventiva. La mejoría sigue pendiente.
GUERRERO
Otro de los estados que mantiene altos índices de violencia pese al MUP es Guerrero, donde la seguridad pública está bajo control militar desde hace más de una década. Por ejemplo, las matanzas no cesan a pesar de que esa es la única entidad en la que el Ejército tiene dos regiones militares, además de una zona naval de la Marina.
El 7 de mayo de 2014 el entonces gobernador, Ángel Aguirre, puso en marcha el MUP en Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla y Zihuatanejo, donde se agrupa 70% del total de policías del estado.
Al 17 de noviembre, 53 de los 81 municipios de la entidad ya habían firmado con el gobierno estatal su conformidad con la creación del MUP.
En Michoacán, que también figura entre los estados más violentos del país, el MUP se puso en marcha el 19 de mayo de 2014. Y no fue hasta enero de 2016 cuando Adrián López Solís, secretario de Gobierno, informó que se había logrado la instauración del nuevo modelo en 108 de 113 municipios michoacanos.
Pero en este caso la estrategia de Peña Nieto fue más ambiciosa: en agosto del año pasado propuso un Mando Único Regional para los municipios limítrofes entre Guanajuato, Michoacán y Jalisco.
En Colima, los militares tienen el mando de la seguridad pública desde 2006. El actual gobernador, el priista José Ignacio Peralta, fue otro de los promotores de la Ley de Seguridad Interior.
