3 marzo 2018 | Martín Esparza Flores | Siempre!
En un símil de las falacias actuales, en julio de 1997 el gobierno de Ernesto Zedillo entregó el manejo de los ahorros de los trabajadores a los banqueros con la puesta en marcha de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), con la expectativa de mejorar a futuro las pensiones de millones de mexicanos; ahora la realidad muestra y anuncia un estallido social de proporciones mayúsculas una vez que la primera generación sujeta a este régimen comience a jubilarse y se entere de que su vejez no será digna ni holgada, al depender de una pensión equivalente a apenas el 30 por ciento de su salario.
Ante el sombrío y devastador panorama que se avecina, queda de manifiesto la irresponsabilidad de quienes aprobaron un sistema que nunca contempló dotar de los mecanismos y contrapesos legales a los trabajadores para tener injerencia o la mínima supervisión en el manejo de sus ahorros.
A lo largo de dos décadas, los banqueros y el propio Estado han invertido y utilizado los recursos de unos 58 millones de cuentas individuales en financiar deuda pública y privada, lo mismo que apostando a inversiones de alto riesgo en el mercado bursátil. Los fondos de ahorro de los trabajadores financian hoy en día 4 de cada 10 pesos de la deuda de los principales corporativos.
Cifras oficiales revelan que hasta el primer trimestre de 2015 las Afore tenían como cartera de inversión en “deuda corporativa” unos 386 mil 200 millones de pesos. Las facultades discrecionales que la Ley de la Consar otorga a los banqueros para el manejo de estos recursos ha ocasionado que del 2013 al 2017 se reporten pérdidas por 800 mil millones de pesos.
Los millones de condenados a pasar los últimos años de su vida entre carencias ignoran que las llamadas “minusvalías” no implican responsabilidad alguna para los operadores de las Afore. Ante este sombrío panorama cabe preguntarse: ¿qué hacer ante este engaño y despojo de lo ahorrado con tanto esfuerzo por millones de mexicanos?
Es inaplazable que las organizaciones sindicales exijan al gobierno y a todos los partidos políticos la estatización de los ahorros de los trabajadores para que el Estado asuma su responsabilidad y sea el garante de los cuantiosos recursos, calculados en tres billones de pesos.
No puede aceptarse que, en un país donde el desempleo es un fenómeno permanente y producto de un modelo económico inoperante, los voraces banqueros sangren de manera permanente 22 millones de cuentas inactivas cuyos titulares se encuentran cesantes y dejaron de aportar, pero las Afore les sigan descontando por el cobro de sus servicios.
En este absurdo sistema de pensiones, los trabajadores están condenados siempre a perder porque los banqueros, con la anuencia de una clase política cómplice, ganan en todos los sentidos. Las instituciones que manejan los fondos de ahorro obtienen ingresos anuales por 36 mil millones de pesos. Un precio desproporcionado por fabricar millones de ancianos condenados a sobrevivir en la pobreza en los años por venir. Un estallido social en puerta ignorado por los partidos, sobre todo en esta época de elecciones.
Fuente: Revista Siempre!
