5 abril 2018 | Nancy Flores | Contralínea
La reforma educativa de 2013 pasará a la historia como una de las más lesivas decisiones del Poder Legislativo y del propio gobierno de Enrique Peña –su impulsor–, por los múltiples daños causados a la sociedad.
El más visible, sin duda, es el que afecta directamente el proceso de enseñanza, al reducir el papel de los docentes a un esquema de competitividad empresarial, que los somete a un examen de supuesta medición de conocimientos incapaz, siquiera, de tomar en cuenta el contexto en el que se aplica.
Como se sabe, lejos de buscar la excelencia académica, la evaluación docente tiene como principal objetivo expulsar a la disidencia magisterial y engrosar las filas de desempleados, al correr masivamente a quienes no obtienen determinado puntaje, sin que esto último realmente permita determinar la incompetencia.
